Al menos 1.200 bolsonaristas fueron detenidos, este lunes 9 de enero de 2023, en el campamento que habían montado frente al cuartel general del Ejército en Brasilia desde las elecciones de octubre de 2022 y desde el que fueron lanzados los ataques del domingo 8 contra las sedes de los tres poderes en Brasil. 

Los seguidores del expresidente Jair Bolsonaro, que no reconocen la victoria del líder progresista Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones presidenciales, fueron detenidos luego de que, cercados por la Policía y el Ejército, desmontaran pacíficamente el campamento en el que se refugiaban. 

Según el Ministerio de Justicia, los bolsonaristas arrestados fueron conducidos en al menos 40 autobuses hasta la sede de la Policía Federal, donde serán identificados para intentar establecer si participaron en los ataques violentos del domingo y fichados por si en un futuro surgen pruebas en su contra. 

Tan solo permanecerán arrestados los que sean señalados como participantes en los actos vandálicos y los que tengan algún indicio en su contra. 

Los presos se sumarán a las cerca de 300 personas que fueron detenidas el domingo por su responsabilidad en los ataques. 

Así las cosas, ya son 1.500 los detenidos por los hechos. 

El desalojo fue pacífico y se produjo luego de que el magistrado Alexandre de Moraes, uno de los 11 miembros de la Corte Suprema, ordenara el desmonte de todos los campamentos montados por bolsonaristas frente a cuarteles militares del país y desde el que defendían un golpe de Estado en Brasil contra Lula. 

Moraes, responsable por varias de las investigaciones contra Bolsonaro y sus seguidores por ataques a la democracia, ordenó que los ocupantes de los campamentos «sean detenidos en flagrante por la práctica de diferentes crímenes«. 

El campamento de los radicales en Brasilia, montado hace más de 70 días, desde que Lula se impuso en la segunda vuelta de las presidenciales, sirvió de base para los manifestantes que invadieron el domingo las sedes de los tres poderes de Brasil (Presidencia, Congreso, Tribunal Supremos)  y fue el lugar al que regresaron tras su fracasado intento de forzar un golpe de Estado. 

El número de radicales en el campamento frente al cuartel del Ejército venía cayendo desde la investidura de Lula, el 1 de enero pasado, y el jueves las autoridades contabilizaban unas 200 personas, pero el sábado saltó hasta unas 3.000 luego de que los bolsonaristas convocaran la manifestación del domingo. 

Ante el caos generado por el asalto a los edificios públicos, Lula decretó la intervención federal del área de seguridad de Brasilia hasta el próximo 31 de enero, con lo que las policías regionales estarán bajo control del Gobierno federal. 

El asalto al Congreso, la Presidencia y el Supremo solo se resolvió después de cuatro horas y media de desconcierto, cuando agentes antidisturbios cargaron y lanzaron gases lacrimógenos contra los manifestantes que estaban dentro y fuera de los edificios de los tres poderes. 

Lo que se encontró 

Las autoridades brasileñas han encontrado restos de sangre, heces y orina en el interior del Palacio de Planalto de Brasilia (sede del Gobierno). 

El ministro de la Secretaría de Comunicación, Paulo Pimenta, declaró ante la prensa que el abundante material orgánico hallado en el palacio presidencial servirá para identificar a los «criminales» que provocaron el caos en la capital brasileña. 

«La gente dijo que parecían un bando de personas con odio, fuera de sí, parecían un bando de zombis. Corrían por los pasillos, rompían todo, meaban y defecaban en los pasillos, dentro de las salas. Fue un acto de destrucción«, relató Pimenta. 

Un grupo de peritos de la Policía inspecciona detenidamente el edificio con el objetivo de encontrar pruebas contra los partidarios de  Bolsonaro. 

Vías cerradas 

Este lunes 9, radicales bolsonaristas mantenían algunas vías bloqueadas en distintos estados de Brasil.  

De acuerdo con la Policía de Carreteras, el tránsito ya fue liberado en varias 
vías, pero permanecen obstruidas dos en el municipio de Novo Progreso, en el estado amazónico de Pará; y otra en Matupá, ciudad del estado de Mato Grosso. 

Desde la noche del domingo 8 de enero, seguidores del ahora expresidente Jair Bolsonaro bloquearon carreteras en los estados de Paraná, Mato Grosso, Sao Paulo, Pará, Minas Gerais y Santa Catarina, luego que las autoridades retiraran a los atacantes que dejaron en condiciones deplorables las sedes de los tres poderes. 

También, varios bolsonaristas intentaron bloquear la distribución de combustibles en el estado de Paraná, en la refinería que tiene la petrolera estatal Petrobras en el municipio de Araucária. 

La Federación Única de los Petroleros (FUP), un poderoso sindicato del sector, informó que había alertado de «posibles actos terroristas» en refinerías de Petrobras «en todo el país«, con base en amenazas difundidas por las redes sociales. 

El sindicato señaló que uno de los principales objetivos era la refinería de Duque de Caxias, en Río de Janeiro, pero hasta el momento no se han registrado bloqueos o actos violentos en el lugar.