La Juez Novena de Distrito de Familia, doctora María de los Ángeles Soza, ordenó a hijos de un anciano de 82 años, alquilarle una vivienda para que este pueda vivir dignamente por el resto de su vida, esto con el objetivo principal de garantizar el bienestar de la familia en su conjunto, así como salvaguardar los derechos de las personas adultas mayores.

Esta decisión se debe a la incapacidad de una pareja de adultos mayores para convivir bajo el mismo techo, debido a la solicitud de divorcio unilateral por parte de la mujer de 68 años y la resistencia de algunas de sus hijas a tener al padre cerca.

En el mes de febrero la esposa del demandado, presentó una solicitud de divorcio unilateral y una pensión compensatoria por parte del padre de sus hijos quienes ahora son mayores de edad, alegando que este había abandonado el hogar para vivir con otra mujer, por lo que había generado problemas económicos y la imposibilidad de solventar sus gastos de alimentación y subsistencia.

Como parte de su defensa el anciano contrademando a su esposa y solicitó el uso de la vivienda en donde compartieron por muchos años de matrimonio, al final ambos acordaron desistir en la pensión compensatoria y del compartir la vivienda, alegando la esposa que ella recibe una pensión de jubilación por casi 6 mil córdobas y el demandado que no podría vivir bajo el mismo techo ya que se ha convertido en un infierno.

La juez Soza, se apersonó a la vivienda en agosto pasado y pudo constatar el hacinamiento en el cual la exesposa habita en compañía de dos hijas, y considerando que de seguir ahí el anciano tendría que vivir con todo el ambiente hostil que ha dejado este proceso, también tendría que vivir una vida precaria al seguir con sus familiares, mandató a los hijos alquilar una vivienda para su anciano padre.

Entre los hijos de ambas partes se encuentra un oficial de policía por lo que a este la Juez designó para que reciba el aporte suyo y el de sus hermanos y puedan realizar un contrato de arrendamiento de vivienda para su padre.

La Juez enfatizó y recordó a los hijos que el Arto. 167 de la Constitución Política de Nicaragua establece que los fallos y resoluciones de los tribunales y jueces son de ineludible cumplimiento para las autoridades del Estado, instituciones y personas naturas y jurídicas afectadas.

La decisión salomónica de la jueza novena de Distrito de Familia, la Dra. María Soza, está basada ante el arto. 73 de la Cn, que en su párrafo se lee «Los hijos a su vez están obligados a respetar y ayudar a sus padres».