El Poder Ejecutivo de Costa Rica, no logra consensuar el acuerdo anual que invierte los recursos públicos necesarios para el correcto funcionamiento de las cinco universidades estatales, al que se le denomina Fondo Especial para la Educación Superior (FEES).

Las negociaciones que se dan en conjunto entre las cinco universidades reunidas en el Consejo Nacional de Rectores (Conare) y las representaciones del Gobierno, dentro del marco de la denominada Comisión de Enlace, resultaron infructuosas debido a la intransigencia del Poder Ejecutivo para otorgar un aumento que al menos contrarreste el aumento por el costo de vida.

Y es que según el Informe de Política Monetaria del Banco Central de Costa Rica, el cual se publicó en el mes de julio pasado, la expectativa de inflación para finales del 2024 será de 3,1 %; el Gobierno dijo a las universidades que solamente propone dar un aumento del 1 % para el FEES, lo que pone en una grave posición el accionar de las universidades, por lo que tal propuesta fue rechazada de forma tajante por el Conare.

Inclusive, el mandato constitucional dicta que el Estado debe aportar el 8 % del PIB para la educación pública, desde donde se obtiene el FEES para las universidades, pero esta ley no se ha cumplido y perjudica el quehacer de las universidades públicas en sus cinco actividades sustantivas: Acción Social, Docencia, Investigación, Vida Estudiantil, y Administración.

De tal forma, las cinco universidades estatales han convocado a una marcha nacional en defensa de la inversión en la educación pública, que se llevará a cabo el próximo miércoles 28 de agosto. La comunidad universitaria de la UCR saldrá desde el Pretil de la Escuela de Estudios Generales a las 9:00 a. m. y se dirigirá hacia el Parque de la Democracia, en San José.

Esta movilización social responde a los múltiples intentos del Gobierno del presidente Rodrigo Chaves Robles, por desfinanciar y desmantelar la educación pública universitaria, en beneficio de algunos sectores privados que quieren lucrar con este derecho constitucional y obtener enormes beneficios económicos.

Por ejemplo, una de las nefastas consecuencias que se obtiene de estas políticas, además de la baja en la calidad de la educación pública, es una amplia desigualdad de oportunidades para las y los jóvenes que buscan, por medio de una carrera universitaria, convertirse en profesionales y así alejarse de la pobreza y de la delincuencia.

Una educación universitaria pública fortalecida es garantía de paz, seguridad, desarrollo e inclusividad para Costa Rica, y los próceres que elaboraron y firmaron la Constitución Política lo tenían muy claro, por lo que buscaron blindar con leyes esa importante inversión en educación que debe hacer el país, para asegurar un buen futuro para todas las generaciones.

¡Una educación superior pública de calidad es de tod@s y es para tod@s! Defendámosla en todos los espacios, incluyendo en las calles… ¡Acompáñenos en la marcha del 28 de agosto!

FUENTE: UNIVERSIDAD DE COSTA RICA