La Asamblea Nacional de Nicaragua ha dado un paso significativo hacia la mejora de su sistema legal y de registros al aprobar la modificación al Artículo 165 de la Constitución Política del país, que desvincula los Registros Públicos de la administración de justicia, trasladando esta responsabilidad desde el Poder Judicial a la Procuraduría General de la República.

La reforma tiene como objetivo principal agilizar y optimizar los servicios ofrecidos por los Registros Públicos en áreas clave como Propiedad, Mercantil, Personas, Garantías Mobiliarias y el Beneficiario Final de Sociedades Mercantiles. Para lograr esto, se ha aprobado también la Ley de Adscripción del Sistema Nacional de Registros (SINARE), que establece que los Registros Públicos serán administrados por la Procuraduría General de la República.

Estas medidas no solo simplificarán los procesos administrativos, sino que también mejorarán la seguridad jurídica tanto para la propiedad pública como privada, tema fundamental para el desarrollo y la inversión en el país.

Las reformas implican enmiendas a las Leyes Orgánicas de la Procuraduría General de la República y del Poder Judicial, así como a las leyes relacionadas con los Registros Públicos, la Carrera Judicial y las Tasas de los Registros Públicos del Sistema Nacional de Registros.