Una mujer identificada como Nilsa Auxiliadora Pérez Velásquez fue condenada a cuatro años de prisión por el delito de uso de falso documento, luego de que se demostrara que utilizó una supuesta acta de matrimonio para intentar disputar los bienes que heredaron las hijas de su fallecido compañero, Cástulo Javier Reyes Soto.
Según la información del caso, Reyes Soto murió el 10 de octubre de 2021 sin dejar testamento. Sus hijas, Dayna Scarleth y Elba Thalía Reyes Sequeira, fueron declaradas herederas de dos fincas que suman casi 400 manzanas, un restaurante y más de un centenar de cabezas de ganado.
Semanas después del fallecimiento, Pérez Velásquez presentó un documento que supuestamente acreditaba su matrimonio con el difunto y promovió acciones judiciales para anular la declaratoria de herederas de las dos mujeres.
Sin embargo, un peritaje del Laboratorio de Criminalística de la Policía Nacional determinó que la firma plasmada en el acta no correspondía a la del fallecido. El análisis documentoscópico identificó diferencias en ocho elementos gráficos.
El juez Local Penal de Boaco, Alí Salvador Carrillo Rosales, declaró culpable a Pérez Velásquez y le impuso la pena de cuatro años de prisión. De acuerdo con la información difundida, la mujer también había recibido una condena en julio por hechos relacionados con la falsificación del documento.
Herederas aún no recuperan las propiedades
Pese a que las hijas fueron reconocidas legalmente como herederas, ambas aseguran que todavía no han logrado tomar posesión de los bienes. En declaraciones a La Primerísima, afirmaron que han enfrentado más de 15 procesos judiciales y administrativos relacionados con la disputa.
Según su versión, el restaurante El Ranchón, ubicado en Paiwas, continúa en manos de Pérez Velásquez, mientras que las dos fincas Rancho Verde, situadas en la comarca Lagarto Colorado, en Matiguás, permanecen ocupadas por familiares de su padre.
La condenada permanece en prisión preventiva desde el 5 de octubre de 2026 y, según la sentencia citada, deberá cumplir la pena en el Centro Penitenciario de Juigalpa, Chontales. El juez rechazó suspender la condena por los problemas de salud alegados por la acusada.
El caso mantiene pendiente la recuperación de los bienes por parte de las herederas, pese a la resolución judicial sobre el uso del documento falso.
