El pasado 22 de noviembre, la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó una reforma a la Constitución con el objetivo de introducir cambios significativos en el ámbito político y social, como la creación de una presidencia conjunta.

La reforma, busca actualizar el marco legal del país, adaptándolo a las necesidades contemporáneas y reforzando el principio de que el poder emana del pueblo.

Entre los puntos clave, la reforma promueve la democracia directa, con mecanismos como la copresidencia y una mayor coordinación en los organismos estatales.

También reafirma el compromiso del país con la paz, la soberanía y el derecho internacional, rechazando cualquier forma de intervención externa.

Analista Constitucionales destacan que este cambio culmina la transición del Estado nicaragüense hacia un modelo más inclusivo, dejando atrás estructuras heredadas del somocismo.

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Además, se otorga especial atención a los derechos de las comunidades de las costas, una reivindicación histórica impulsada por la revolución sandinista.

La reforma subraya la política exterior de respeto mutuo y autodeterminación, consolidando la visión de un Estado dinámico y en constante evolución.

Cabe destacar, tras la aprobación de la reforma, su entrada en vigor requerirá la ratificación por una segunda legislatura consecutiva, lo que ocurrirá a partir de enero de 2025.